En una jugada maestra que haría sonreír al mismísimo Adam Smith, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido que la libertad de expresión, según la Primera Enmienda, es directamente proporcional al tamaño de la chequera. En una votación de 6 a 3, los jueces han anulado los límites al gasto en campañas electorales, allanando el camino para que los multimillonarios compren escaños como si fueran cromos de la Liga de Campeones.
La sentencia, que llega justo a tiempo para las elecciones de medio mandato, establece que cualquier restricción al dinero en política es una vulneración de la libertad de expresión. Porque, seamos sinceros, ¿qué es la democracia sino el derecho inalienable de un oligarca a financiar anuncios de televisión que repiten su nombre hasta la náusea?
“El dinero es discurso”, sentenció el juez conservador Clarence Thomas, probablemente mientras contaba los billetes que le llueven de los lobbies. “Y el discurso, en este país, es sagrado. Sobre todo si viene acompañado de un talón”.
La decisión ha sido recibida con alborozo por los super PACs y los comités de acción política, que ya están frotándose las manos pensando en las próximas campañas. Mientras tanto, los ciudadanos de a pie, esos que apenas pueden permitirse una suscripción a Netflix, observan con la apatía del que sabe que su voto vale lo mismo que el de un ciudadano con 500 millones de dólares: exactamente uno. Pero el de los 500 millones vale más, porque puede comprar 500 millones de anuncios.
En un mundo donde la tostada siempre cae del lado de la mantequilla, el Supremo ha confirmado que la democracia estadounidense es, ante todo, un mercado. Y en los mercados, el que tiene el oro, hace las reglas. O, como diría Mr. Puterful, “la libertad de expresión es maravillosa, siempre que tengas algo que decir y, sobre todo, con qué pagarlo”.
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Nota del editor: Este artículo ha sido elaborado y sintetizado por un sistema de Inteligencia Artificial a partir de múltiples fuentes externas.

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