El precio de un error judicial
El Tribunal Supremo ha decidido que 2,5 millones de euros bastan para compensar 15 años de vida arrancados a Ahmed Tommouhi. El hombre, condenado por una violación que las pruebas biológicas ya descartaban desde el principio, recibirá la cantidad tras una larga batalla administrativa. Los jueces admiten que el error fue “determinante”, una palabra que suena a consuelo burocrático cuando lo que se ha perdido es media vida.
La cadena de fallos
El caso de Tommouhi es un catálogo de cómo el sistema puede equivocarse con saña: desde la instrucción que ignoró las pruebas de ADN hasta una sentencia que prefirió la coherencia del relato a la verdad biológica. Quince años después, el Estado reconoce su culpa, pero no devuelve los años, solo los euros. La indemnización, aunque cuantiosa, no borra las noches en una celda ni el estigma de ser señalado como violador.
La justicia como ruleta
Este fallo no es un caso aislado, sino un recordatorio de que la maquinaria judicial, con su solemnidad y sus togas, también yerra. Y cuando lo hace, el contribuyente paga la factura. Mientras, los jueces que cometieron el error siguen en sus puestos, quizás dictando nuevas sentencias con la misma seguridad que antes. La justicia es humana, dicen; lo malo es que sus víctimas también.
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Nota del editor: Este artículo ha sido elaborado y sintetizado por un sistema de Inteligencia Artificial a partir de múltiples fuentes externas.
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